El gobierno federal obradorista y el gobierno estatal cabecista, muestran abiertamente sus profundas diferencias, sobre la estrategia de seguridad pública y la forma para acabar con éste flagelo.
Este capítulo que vive nuestro estado es sumamente grave, pues si en términos de metodología elemental, estas dos instancias del poder público, no logran ponerse de acuerdo, entonces, la que va a salir perdiendo es la sociedad tamaulipeca.
Por lo que se observa, nadie se atreve a admitir su responsabilidad. Y es que, mientras para el gobernador CV, “para restablecer el orden, la paz y el estado de derecho, se tienen que usar todos los instrumentos que tenga a su alcance el Estado mexicano”, para el Presidente AMLO, la salida contra el tema de inseguridad, reside en prescindir de la violencia para atacar la violencia.
Ayer, a los inquietantes problemas escenificados en municipios como Nuevo Laredo y Reynosa, se agregaron algunas acciones de esta misma naturaleza, en la capital del estado.
Aunados al desencuentro entre el gobierno panista y el obradorista, por temas de carácter presupuestal, se acaba de prender una nueva polémica que alcanzó las primeras planas de la prensa nacional, después de que el mandatario estatal Cabeza de Vaca declaró que, en Tamaulipas los grupos delincuenciales ejercen el narcoterrorismo, y la respuesta de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue en sentido opuesto.
La ministra de política interior externó que no comparte dicha postura, pero la respeta. Agregó OSC, que, este asunto no es algo político,sino de seguridad pública, dando a entender que la administración tamaulipeca, estaría buscando politizarlo.
Horas antes el mismo Presidente López Obrador había reiterado su posición, que ya ha planteado en ocasiones anteriores, en el sentido de que la violencia, no se combate con violencia.
AMLO señaló que, “enfrentar la violencia con la violencia, es una estrategia que ya demostró que no funciona, y que fue un fracaso que produjo tristeza y dolor”.
“Aunque haya nostalgia por volver a ella, dijo, no se va a aplicar, y vamos a acreditar que se puede lograr la paz y la tranquilidad, si hay justicia y bienestar”.
Ante todo esto, nos parece que la política debe recuperar su supremacía, como emperatriz de todo conflicto, donde se ponga en riesgo la seguridad de la población civil.
En nuestra calidad de analistas tamaulipecos, creemos que ha llegado el momento de que las diversas instancias del poder público, asuman la responsabilidad que les corresponde, como salvaguardas de los intereses más elementales de las familias tamaulipecas y del país.
Durante la pasada visita del Presidente a Tamaulipas, cuando abordó el tema de la inseguridad, lanzó dos expresiones que después se hicieron virales en toda la república: ¡fúchila! Y ¡Guacala!
Hoy, desde la mañanera, en la ciudad de México, AMLO vuelve a insistir en su postura de que, no habrá una respuesta violenta a los quebrantamientos del orden y discrepa abiertamente sobre las palabras utilizadas por el gobernador CV, en el sentido de que hay “narcoterrorismo”, éste último un concepto frecuentemente utilizado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero hasta ahora ausente en los escenarios de la política interior.
Para algunos expertos en el tema, si el gobierno norteaméricano detectara en México, señales de narcoterrorismo, podría recurrir a las acciones contempladas en su Ley contra el Terrorismo, promulgada por el Presidente demócrata Bill Clintón, el 24 de abril de 1996, la cual faculta a nuestro poderoso vecino del sur, para intervenir en cualquier país, donde exista este tipo de fenómeno, considerado como una fuerte amenaza a su propia seguridad interior.
En la Sección 221 de dicha Ley, se establece que: “El Presidente debe recurrir a todos los medios necesarios, incluidas las actividades encubiertas y las fuerza militar para obstaculizar, desmantelar y destruir la infraestructura internacional, utilizada por los terroristas internacionales, incluidos refugios y las instalaciones de entrenamiento de terroristas en el extranjero”.
Lo que ocurre en Tamaulipas, desde luego que no está desligado de los recientes acontecimientos de Culiacán donde fuerzas delincuenciales impidieron la captura del hijo del Chapo. Ni tampoco está al margen de lo ocurrido con la masacre de la familia Le Barón, ambos conflictos por cierto, ocurridos, en el norte de la república.
En el centro de todo esto, se habla de que, los grandes empresarios productores de armamento en Estados Unidos están resintiendo perdidas en el negocio, después de que, ha disminuido la actividad bélica de su país, en regiones conflictivas como Oriente Medio.
Este periodo de presuntos números rojos en la industria bélica del país vecino, mismo que sustenta su economía en armas y petroleo, estaría motivando a que, por diversos medios, se busque reactivar la violencia en México.
Atendiendo a todos estos factores, de orden nacional e internacional, volvemos a formular la pregunta: ¿Quién tiene la razón en este diferendo entre el gobierno tamaulipeco, y la 4T obradorista?
En nuestro carácter de tamaulipecos nacidos en esta región, sabemos que ya vamos para más de diez años, sometidos al problema de la inseguridad. Ni Calderón, ni Peña Nieto, tomaron en cuenta nuestros clamores.
AMLO nos dice que se resolverá por la vía de la justicia social. Pero…me parece que estamos hablando de una estrategia de largo plazo.
¿Y mientras tanto? ¿Estará condenado Tamaulipas a seguir siendo rehén del enfrentamiento político, entre grupos y partidos, con intereses opuestos?
