-La SCJN analizará controversia por crédito
-Está reciente el carpetazo a la “ley Bonilla”
-Hacen “punta” senador, diputado y alcaldes
APENAS hace algunos días la Suprema Corte de Justicia dela Nación (SCJN) declaró inconstitucional la llamada “ley Bonilla” que pretendía ampliar a cinco años el mandato del gobernador de Baja California JAIME BONILLA, y ahora se apresta a dictaminar la vialidad de dos controversias contra la solicitud de crédito por 4 mil 600 millones de pesos aprobado por la LXIV Legislatura en el estado de Tamaulipas.
El pasado jueves, el alcalde del municipio de Guémez, Tamaulipas, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, y el senador suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN interpusieron la primera controversia en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la SCJN.
Al día siguiente, hizo lo mismo el segundo síndico del ayuntamiento de ciudad Madero, Tamaulipas, SALVADOR MUÑOZ CONTRERAS.
Cabe señalar que ambos presidentes municipales son de extracción morenista, al igual que el senador ROJAS DÍAZ DURÁN. Extrañamente, el alcalde de H. Matamoros, Tamaulipas, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien llegara al cargo a propuesta del Partido Encuentro Social en alianza con Morena y el Partido del Trabajo, se ha mantenido al margen de la petición de controversia constitucional.
Como es del dominio público, a iniciativa del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, el Congreso tamaulipeco aprobó por mayoría la solicitud de crédito por 4 mil 600 millones de pesos para hacer frente a los daños causados por la pandemia del coronavirus que dio paso a la enfermedad Covid-19.
Sin embargo, los alcaldes y el senador suplente antes mencionados se inconformaron con la decisión legislativa al considerar que se afectarían las participaciones federales, toda vez que serían la garantía de pago de la deuda.
Además de presentar el recurso de controversia constitucional ante la máxima autoridad en el país, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN y RIGOBERTO RAMOS, jefe de Comuna de Guémez, senador suplente y diputado local, respectivamente, el lunes 11 de mayo, comparecieron y solicitaron la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para impedir que se pongan en riesgo la hacienda tamaulipeca.
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina la vialidad y acepta la controversia, se turnará a la comisión interna que analiza los recursos de inconstitucionalidad y emite un dictamen, que a su vez es aprobado o rechazado en la sala especializada o en el pleno.
En la esquina noreste cueruda, es decir en H. Matamoros, la tierra de Rigo Tovar, cabecera del IV Distrito Electoral Federal, ni el cabildo ni la diputada ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ han externado su punto de vista respecto al millonario empréstito.
En consecuencia, quiérase o no, tal determinación da pauta a imaginar eventual acuerdo político con el gobierno estatal panista, pero, al mismo tiempo, deja entrever que la causa morenista en Tamaulipas no está cohesionada.
La imparcialidad con que actuaron los ministros de la
Suprema Corte en el caso de la “ley Bonilla”, permite suponer que la controversia constitucional derivada de la aprobación del Congreso de Tamaulipas para el millonario crédito, será analizada con base en la Constitución y no de intereses políticos.
DESDE EL BALCÓN:
Mediante recorrido terrestre y aéreo, el Obispo de la Diócesis de Matamoros EUGENIO LIRA RUGARCÍA invocó la fe de los creyentes católicos llevando consigo el Santísimo Sacramento, para hacer frente a los problemas derivados de la contingencia sanitaria.
La autoridad religiosa recorrió varias calles de la ciudad a bordo de una unidad motriz y, posteriormente, realizó un vuelo en avioneta en el área de su jurisdicción eclesiástica.
Durante el recorrido terrestre, el Obispo LIRA RUGARCÍA fue acompañado por el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien argumentó la libertad de creencias.
Como era de esperarse, la participación del jefe de la Comuna en el acto religioso polarizó la opinión pública: por un lado, quienes justificaron el hecho por la libertad de credo y, por el otro, quienes consideran que el presidente municipal, como servidor público, debe ser imparcial en lo político y en lo religioso.
Obviamente, en lo personal y privado, como cualquier ciudadano, le asiste el derecho de profesar la religión y corriente ideológica de su preferencia.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
Toca turno a Tamaulipas
