allá, real; aquí, simulado
Emilio Lozoya Austin ya tiene la investidura jurídica de testigo protegido/testigo colaborador/con criterio de oportunidad, lo que significa que retirarán los cargos en su contra, a cambio de que delate a todos los involucrados en los ilícitos que se persiguen.
Esto ocurre en la Ciudad de México, con plena autorización del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó en conferencia de prensa, que el ex director general de PEMEX se acogió al programa de testigo protegido.
(No había necesidad que lo hiciera, pero López Obrador informó que ordenó vigilancia policiaca reforzada en su lecho de dolor, por temor a que sufra un atentado criminal, por la magnitud de la información que posee y que entregará a las autoridades).
Lozoya permanece detenido por diferentes delitos en relación con sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht y por la compra de empresas chatarra de fertilizantes.
En su afán de colaborar con el gobierno y aminorar la dureza judicial en su contra, Lozoya entregó una lista de senadores y diputados a los que repartió entre 2013 y 2014, sobornos para que aprobaran sin retobos, la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto.
Desde su llegada al Palacio Nacional, en octubre de 2018, López Obrador ha metido a la cárcel a toda clase de personajes de la función pública y la iniciativa privada, sin que le tiemble la mano, como nunca antes se había hecho, de manera generalizada.
Su proclama de que “se acabó la robadera” está aparejada con la estricta aplicación de la ley, pues el brazo de la justicia ha alcanzado a personajes tan prominentes como el dueño de la empresa Altos Hornos de México, Alonso Ancira, y la ex titular de SEDESOL y SEDATU, Rosario Robles Berlanga.
En Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca también desplegó en el año 2016, durante la campaña de proselitismo, la bandera del combate a la corrupción, y no se cansó de prometer que metería a la cárcel al Gobernador saliente Egidio Torre Cantú.
En octubre cumplirá Pancho Cabeza cuatro años de cobrar como Gobernador del Estado, y no sólo no castigó a los ex funcionarios, sino que él mismo y sus colaboradores incurren en actos de opacidad que sugieren corrupción.
Un botón de muestra: la Legislatura anterior aprobó un decreto que privatizó el servicio de video-vigilancia en ciudades y carreteras. Se otorgó un contrato público privado mediante el cual, el gobierno quedó obligado a pagar 58 millones de pesos cada mes, durante seis años.
La contra-prestación, consistió en que el particular que obtuvo el fabuloso contrato, construyó casetas de vigilancia en las carreteras e instaló las video-cámaras. Las casetas están a la vista, pero no así las cámaras.
Lo importante en todo caso, es que la extraordinaria inversión pública-privada que se hizo con el objetivo de abatir la incidencia criminal, fue infructuosa, porque los malhechores no se dan punto de reposo y atacan en ciudades y en despoblado.
Pero el tema es la simulación de Pancho Cabeza en el combate a la corrupción. Existe una Comisión Estatal Anti-corrupción, así como un comité ejecutivo de un Comité Estatal de Participación Ciudadana.
Son de membrete, no funcionan, no trabajan. Se acaba de anunciar la emisión de una segunda convocatoria, para integrar la comisión de selección del Sistema Estatal Anti-corrupción, debido a que nadie la toma en serio, se registraron solo dos solicitudes.
Pancho Cabeza denunció a través del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, Raúl Ramírez Castañeda, una red de corrupción anidada en la tesorería estatal de su antecesor Egidio, que estuvo a cargo de Jorge Silvestre Abrego Adame.
Se libraron órdenes de aprehensión contra todos ellos…. menos para Egidio, inclusive ya cayó preso Cristobal Rosales, el ex Sub-secretario de egresos, pero el ex Gobernador no se acongoja.
Por cierto, Raúl Ramírez Castañeda repitió ayer conferencia de prensa, sólo para anunciar una tercera orden de aprehensión contra el ex presidente municipal de Nuevo Laredo, porque las dos anteriores las tumbaron con amparos de la justicia federal.
Es una obsesión enfermiza la de Pancho Cabeza, la de perseguir a los que él califica de enemigos políticos, inventándoles delitos como es el caso del asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, en Nuevo Laredo.
En la Ciudad de México, Emilio Lozoya Austin se salvará de un juicio penal pero a cambio de delatar a las personas que a él le consta que incurrieron en actos de corrupción, como el entonces Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Esta es la lista de legisladores tamaulipecos que aprobaron la Reforma Energética de Peña Nieto, a través de la cual se pretendió privatizar los recursos del subsuelo, en beneficio de consorcios extranjeros.
Por el PRI: el senador Manuel Cavazos Lerma y los diputados Enrique Cárdenas del Avellano y Rosalba de la Cruz Requena.
Por el PAN, Pancho Cabeza, Maki Ortiz Domínguez, senadores, y los diputados Glafiro Salinas Mendiola, Humberto Prieto Herrera, Alejandro Llanos Alba, Carlos Alberto García González, Marcelino Orta Coronado, y Germán Pacheco Díaz.
Alejandro Llanas Alba, riobravense, cayó de la gracia de Cabeza pues era uno de sus agentes cuando fungió como Senador, para conseguir mediante el tráfico de influencias, apoyos económicos del gobierno, como los tres millones de pesos que serían para su rancho familiar.
Contra lo que podría pensarse, Llanas no es figura relevante en el gobierno estatal, pues Cabeza le cerró las puertas, siendo esos favores de los que se pagan hasta con una presidencia municipal.
También Humberto Prieto Herrera fue eliminado de la lista de favoritos de Pancho, pues permanece marginado del gobierno estatal panista, pese a que su padre José del Carmen, fue el secretario de obras públicas de Cabeza presidente municipal de Reynosa, en el desastroso trienio 2005-2007.
Todos los demás ex legisladores han tenido su abundante porción del pastel estatal, incluida Maki, que todavía lo devora no obstante que se distanció del jefe político porque ya no lo reconoce como él y se erige ella como la inminente patrona superior.
(Agencia de Servicios Informativos).
