Ramón Mendoza S
Reportero
El estiaje combinado con la pandemia por el Covid-19 que requiere constante lavado de manos, disparo los costos del agua en pipa. En promedio el litro es vendido hasta en siete pesos, en menos de 15 días el costo de la pipa de cinco mil litros paso de 550 a 650 pesos, mientras que el de 10 mil litros fue de los mil 100 a los mil 200 pesos.
La ciudadanía capitalina se encuentra indefensa ante la voracidad de los propietarios de pipas que ponen el precio del agua a su libre albedrío sin que ninguna autoridad les ponga un alto y en plena canícula surten el vital líquido a precios sumamente altos.
El regidor Fabián Cervantes Tovar presidente de la comisión del agua en el cabildo local dijo que tienen reportes, sobre todos de los sectores donde no tienen el vital líquido, de estar siendo objeto de abusos de parte de los piperos de agua.
“El problema es que a estos piperos no los regula nadie, los precios son aplicados por ellos mismos, no hay tope” asevero.
Mientras tanto, la necesidad del vital líquido no solo para cumplir con las medidas sanitarias, sino para las labores domésticas, mantiene en aprietos económicos a cientos de familias, quienes en su mayoría viven en barrios colonias y fraccionamientos donde la Comapa y el ayuntamiento no les ha podido cumplir con la dotación de agua en sus llaves y por ende tienen que rellenar sus depósitos o tinacos a través de las pipas.
Cervantes Tovar señaló que la escasez de agua en las colonias se agrava debido que el organismo operador del agua privilegia el abasto en zonas muy específicas para satisfacer la demanda que existe.
“Es una desgracia que, a pesar de la situación que viven miles de ciudadanos por la crisis económica y sanitaria en la Ciudad por el Covid-19, los piperos aprovechen los cortes o falta de agua de la Comapa y vendan este líquido a sobreprecio en colonias en situación de vulnerabilidad” insistió.
“Es importante que también se voltee a ver esta situación que sufre la población y que no es nueva, la venta de pipas a sobreprecio. Se debe aplicar la ley para castigar con sanciones estos abusos, ya que este servicio debe ser garantizado para todas y todos los ciudadanos y no ser un lujo impagable para muchas personas en situación de pobreza”, sentenció.
