Nunca ha sido un secreto el menosprecio del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca contra la prensa, expresado de diferentes maneras. No tiene amigos entre los comunicadores, incluidos los dueños de los medios y concesionarios de radio y televisión, no se reúne con ellos, no hace conferencias de prensa (lo suyo son monólogos), y no informa oportunamente ni siquiera en su página web.

Pero había guardados las formas hasta ahora, de respeto a la integridad física de los reporteros. Policías estatales agredieron brutalmente a un representante del Cuarto Poder, en Ciudad Victoria, para impedirle que hiciera su trabajo.

Entre tres gorilas con uniforme sometieron a golpes al periodista Osberto Vera Quintero, lo esposaron y aventaron a la caja de una patrulla pick-up, para trasladarlo a la cárcel municipal.

Le endilgaron el delito de desacato a la autoridad y permaneció privado de la libertad durante varias horas, hasta que la presión ejercida contra los funcionarios policiacos, por parte de editores y reporteros, los obligaron a corregir el abuso de poder.

El incidente ocurrió a media noche del miércoles y los primeros minutos del jueves, cuando una agente de la policía estatal se dirigía a bordo de su vehículo particular a su casa, luego de cumplir una jornada de trabajo.

Por cansancio, indolencia o distracción, la mujer policía no respetó el anuncio de Alto y no detuvo la marcha de la unidad, atropellando a un motociclista que iba a entregar un pedido de comida.

El periodista Vera Quintero se enteró del accidente y acudió para levantar la información y entregarla al diario impreso para el que trabaja. Para dejar constancia del evento, video-filmó la escena con su teléfono celular y subió las tomas a redes sociales.

En eso estaba cuando llegaron al lugar del percance dos patrullas de la policía estatal, seguramente enviadas por el jefe de la mujer de esa corporación, para asistirla en el problema.

Pero uno de los uniformados se percató de que varias personas filmaban con sus teléfonos el evento, procediendo a ordenarles que dejaran de hacerlo. El periodista no le hizo caso y siguió haciendo su trabajo.

El policía enfureció pero sin emplear lenguaje grosero le ordenó “con todo respeto”, que guardara su teléfono. El periodista replicó que no estaba haciendo nada malo, guardaba la sana distancia y tenía puesto un cubrebocas.

Otras personas que filmaban el choque enfocaron las cámaras de sus teléfonos contra el periodista y los policías que se le acercaron amenazadoramente, porque intuyeron que habría un episodio de violencia.

Efectivamente, entre tres de los uniformados inmovilizaron por los brazos al comunicador, lo tiraron al suelo, lo esposaron y aventaron como a un fardo sobre la caja de la patrulla. Lo despojaron de su teléfono.

En la delegación policiaca lo metieron en una celda dizque a disposición de la autoridad judicial, según ellos, por haber incurrido en el delito de desacato.

Son policías estatales que están estrenando jefe, en la persona del capitán de fragata José Jorge Ontiveros Molina, el tercero de la serie, en casi cuatro años de gobierno panista.

El anterior titular de la Secretaría de Seguridad Pública, vice-almirante Augusto Cruz Morales, se fue de la dependencia con la cola entre las patas, pues la dejó manchada de sangre inocente, derramada por sus subalternos en diferentes municipios.

En Nuevo Laredo por ejemplo, policías estatales perpetraron una ejecución extrajudicial que les costó las vidas a ocho personas, tres mujeres y cinco hombres, y en Río Bravo asesinaron con saña a un joven profesionista cuya camioneta la dejaron como coladera, con disparos de más de 250 proyectiles de plomo.

Eso, para no hablar del policía estatal que enloqueció en enero por las drogas consumidas y asesinó afuera de una tienda de conveniencia a su propio compañero de turno así como a un transeúnte.

O de los uniformados que se dedicaban a secuestrar a empresarios en Reynosa, y a mantenerlos cautivos en hotel frente al viejo hospital del IMSS, mientras cobraban los cuantiosos rescates.

Por complicidades o producto de otro tipo de sociedades secretas, Cruz Morales se fue de Tamaulipas sin haber sido requerido por autoridades judiciales, y el nuevo titular está obligado a sanear la dependencia, que quedó podrida.

Es un mal principio que subalternos de Ontiveros Molina agredan con cobardía y bajeza a un representante del Cuarto Poder, creyendo que tendrán la protección de sus superiores, para que los cobijen con impunidad.

Lo peor que puede ocurrir es que José Jorge actúe con ligereza y pase por alto este grave atropello a los derechos constitucionales de las personas, porque podría dejar precedente y luego repetirse esos hechos.

Cabeza de Vaca se mantiene distante de la prensa, rompiendo una tradición de respeto institucional que se hacía patente los 4 de enero con motivo del Día del Periodista, y los 7 de junio, en la celebración del Día de la Libertad de Expresión.

También trata con dureza a los medios pues redujo desde el arranque de su gestión, los montos de los convenios de publicidad, algunos los canceló para “castigar” a quienes no son de su simpatía personal.

Adicionalmente, tiene un rezago en pagos de estos convenios de hasta seis meses, para obligar a los medios a que no le publiquen las cosas malas de su gobierno, pues de lo contrario, no les da abonos chiquitos.

Durante los casi cuatro años de gobierno panista, dos periodistas han sido asesinados, Carlos Domínguez Rodríguez en Nuevo Laredo, y Héctor González Antonio, en Ciudad Victoria, ambos en 2018.

Los dos casos siguen estando envueltos en el misterio, por ineptitud o alguna otra razón, de los funcionarios del sistema de seguridad y justicia, que no se mandan solos.

En Nuevo Laredo, Cabeza de Vaca dio un uso macabro y perverso al caso de Carlos Domínguez, pues ordenó involucrar como autores intelectuales del homicidio, a enemigos políticos suyos.

La maniobra fue descubierta y desbaratada, pero él sigue como si nada, tolerando ahora que sus policías persigan a periodistas, los golpeen y encarcelen.

Y todavía le faltan dos años de gestión.

(Agencia de Servicios Informativos).