El viernes en sesión del Ayuntamiento exigí la comparecencia de la Contralora ante los miembros del Cabildo para que explique, pero no a nosotros, sino a la ciudadanía sobre dudas que rodean al escándalo de las “factureras”.
El Código Municipal es claro al establecer que es facultad -y obligación- de la Contraloría fiscalizar la distribución y aplicación de los recursos ejercidos por la administración municipal.
También debe la Contraloría conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de servidores públicos que puedan implicar responsabilidad administrativa, y más importante: atender y dar seguimiento a las denuncias y quejas que se presenten con motivo de irregularidades en contratos que celebren los particulares con los departamentos de la administración municipal.
Además, el propio Código Municipal señala que quien sea el titular de la Contraloría debe informar al Ayuntamiento sobre las irregularidades de las que estime exista responsabilidad alguna, por lo que la Contralora tiene que atender mi solicitud, y asumo lo hará con profesionalismo ante mis compañeras y compañeros representantes populares.
Y es que, aquí, además de las denuncias o quejas legales, hay una enorme denuncia ciudadana y una sentida queja social que pide que se esclarezca el tema “factureras” y el alcalde guarda silencios prolongados que nos otorgan la razón a quienes somos sus críticos.
Preguntas seguramente habrá muchas. No tiene que haber un juicio en el Cabildo, ni la Contralora ni los miembros del Cabildo somos jueces.
No se resolverá el fondo del problema con la comparecencia que exigí, pero sí tendrán claridad los victorenses sobre qué sigue en la bochornosa historia de “factureras” en Victoria, y eso es lo mínimo que merece el pueblo a estas alturas.
Es su dinero. Es dinero de los victorenses.
