La alternancia de partidos políticos en el poder, la pluralidad, el avance de la oposición, han permitido en México una presencia cada vez mayor de la diversidad de fuerzas en las tres ramas del gobierno.
Cuando el PRI era el partido gobernante, el Congreso de la Unión y los Congresos locales eran manejados por los políticos de esta organización. Había una uniformidad de criterios, de conductas, una disciplina inquebrantable. Una sumisión absoluta.
Eso fue cambiando paulatinamente y ahora son los Congresos escenarios de intensos debates donde los representantes populares de una y otras organizaciones, defienden a veces hasta con violencia, sus respectivas posturas.
En algunas entidades federativas, el poder legislativo se convierte en un auténtico contrapeso del poder ejecutivo, cuando ambos pertenecen a partidos diferentes. Es el caso de Baja California, donde el Gobernador emergió del PAN, pero MORENA tiene mayoría de espacios en el Congreso.
Caso contrario, cuando un mismo partido manda en los dos poderes, los diputados se convierten en subalternos, servidumbre, aplaudidores del Gobernador, como ocurre en Tamaulipas.
Técnicamente, los diputados elaboran las leyes y las actualizan, para que el marco jurídico sea permanentemente moderno. Aprueban y revisan el gasto público y cuidan que el ejecutivo no incurra en excesos, abusos, irregularidades.
También se encargan, teóricamente, de recoger las expresiones populares para llevarlas al seno del Congreso y convertirlas en acuerdos, decretos, leyes, en beneficio de la colectividad.
Una vez al año, el titular del poder ejecutivo está obligado a entregar un informe de sus actividades al poder legislativo, donde se supone que lo leen, evalúan y califican. No se sabe que alguna vez se haya producido una observación, un reclamo, una rectificación a ningún informe.
Es un mero acto protocolario, para el lucimiento personal del Gobernador, nunca una rendición puntual y oportuna de cuentas.
En un informe presidencial, hace muchos años, un diputado federal de Nuevo Laredo, un anciano de la CTM, se quedó dormido en el recinto y su foto fue publicada por Excélsior, en primera plana.
Gracias a la pluralidad política, algunos Congresos locales son foros de discusión donde se dirimen conflictos y la sociedad aplaude porque al calor de los enfrentamientos verbales, surgen los trapitos sucios.
A veces las pasiones se desbordan y explota la violencia. Un diputado parmista de Nuevo Laredo, Bruno Alvarez Valdez, intentó en una ocasión, destrozar a hachazos su curul.
Los archivos de la prensa conservan las fotografías de otra sesión parlamentaria, donde los diputados se enfrascaron en una gresca mayúscula. Héctor Garza González, El Guasón de Reynosa, aparece en una con el cuerpo encima de la tribuna.
Actualmente, el Congreso de Baja California Sur atraviesa por una crisis pues la mayoría de curules es de MORENA y el sábado destituyeron a cinco diputados y sancionaron a tres, de diferentes partidos.
En una sesión de trabajo que duró más de ocho horas, tres diputados del PES, uno del PAN y otro del Partido Humanista, fueron sometidos a juicio político por haber acumulado cinco ausencias consecutivas.
El dictamen fue la destitución e inhabilitación para ocupar durante varios años, otros cargos públicos.
En la misma sesión, otros tres diputados, del PAN, PRI y PRD recibieron amonestaciones y advertencias de que si no se corrigen, pueden ser destituidos.
Por supuesto, el Gobernador Carlos Mendoza Davis, del PAN y el cártel GOAN, así como los partidos políticos cuyos diputados fueron expulsados, pusieron el grito en el cielo y publicaron un desplegado defendiendo la democracia.
Mendoza Davis, uno de los panistas que visitaban al entonces Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, para que le pagara la campaña electoral, casi llora públicamente alegando que de nada valió la votación que llevó al Congreso a los defenestrados.
Pero cometió el error de calificar de espurios a los suplentes que rindieron protesta como titulares.
(El otro panista que también cobró 6 millones de pesos mensuales durante su campaña, en la Secretaría de Gobernación, fue Francisco Domínguez Servién, Gobernador de Querétaro).
El Gobernador de Baja California Sur anunció una controversia constitucional, para que sean los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que resuelvan si se quedan o se van, los diputados destituidos.
También Nuevo León atraviesa por una grave crisis constitucional, pues su poder legislativo puede desaparecer a pedido del poder judicial, pues los magistrados acusan que desacató el pleno de diputados la confirmación de uno de sus integrantes.
En efecto, el magistrado Angel Mario García Guerra rindió protesta después de que en ocho ocasiones los diputados lo repudiaron porque le reprochan falta de seriedad en su desenvolvimiento oficial.
Luego de rendir protesta, García Guerra anunció que está en trámite en la Corte, su petición de destituir al pleno de diputados de Nuevo León, por desacato a la autoridad judicial.
El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, no mete las manos en el conflicto porque habiendo llegado bajo la modalidad de independiente, no tiene injerencia en el poder legislativo.
En Tamaulipas, la historia registra el caso de un solo diputado que ha sufrido la humillación de perder el fuero y caer en la cárcel.
Se trata de Genaro de la Portilla Narváez, dos veces presidente municipal de Altamira. Le tocó la mala suerte de ser diputado durante el gobierno de Manuel Cavazos Lerma. Andando en campaña electoral, Cavazos sacó a bailar a una persona vestida de mujer que resultó ser hombre, y se convirtió en el hazmerreir de la clase política.
Algún comentario burlón hecho por Genaro y llegado a oídos de Manuel, fue la causa de que le tomara rencor y esperó pacientemente que llegara una ocasión, para cobrarse la presunta injuria.
Instalado como Gobernador, ordenó auditar las cuentas públicas de Genaro como alcalde y le descubrió o inventó, un desfalco en el pago de la renta de un trascabo. Ese fue el motivo de su desafuero y encarcelamiento.
Un detalle importante a destacar, es que el único diputado local que se negó a votar por el desafuero, fue el licenciado Carlos Arturo Guerra Velasco, de Matamoros.
Estando preso, Genaro hizo postular a su esposa Romana como candidata a presidenta municipal, por el partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional ¡y ganó!
(Agencia de Servicios Informativos).
