Recientemente se filtraron algunos rumores, relacionados con posibles repartos de tierras para campesinos: De acuerdo a estas versiones, se trata de extensas propiedades, pertenecientes a encumbrados personajes del poder político, y que naturalmente tienen de las mejores extensiones para uso agrícola y ganadero, ubicadas en Aldama y Soto la Marina.
Habitantes de la región comentan que incluso, en días recientes se ha empezado a observar el ir y venir de camiones de mudanzas, así como trailers, en una febril tarea por desalojar los ranchos propiedad de figuras prominentes.
Por otra parte, entre las comunidades ejidales, existe mucha efervescencia, pues se habla de que el gobierno obradorista, ya les prometió que, algunas entregas de tierras que, según decretos presidenciales, siguen inconclusas, se las va a compensar con miles de hectáreas, de los mejores agostaderos y que presumiblemente podrían ser objeto de expropiación.
Todo lo anterior, no se ha confirmado, y como puede ser verdad, también puede obedecer al mar de información y contrainformación que por estos días circula en nuestro estado.
El citado clima de especulaciones forma parte del escenario de crispación y enfrentamiento entre la 4T y la Marca Tam.
——–¿LA SECRETARIA DE SALUD, DEBE RENUNCIAR?—-
Los recientes eventos de carácter político, donde se generó una gran concentración de personas, con alto riesgo de un contagio masivo de COVID, todo ello avalado por la Secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa, debería ser suficiente, para que se generara su renuncia. Aun así, la han mantenido en el cargo.
Esto representa una burla y un desprecio por la salud del pueblo tamaulipeco.
Pero además están pasando por encima de las leyes que regulan el servicio público estatal, que por lo demás son muy laxas, y fueron elaboradas con un criterio patriarcal y centralista. O sea todo lo que suene a premio o castigo, lo decide el Ejecutivo. La Contraloría es una figura de ornato.
De acuerdo al capítulo I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Tamaulipas, en lo inherente a las responsabilidades administrativas, estas pueden ser, desde apercibimiento privado o público; amonestación privada o pública; suspensión, destitución del puesto; sanción económica o bien inhabilitación temporal.
En el capítulo uno, donde se habla de que tipo de servidores públicos incurren en responsabilidad administrativa, el inciso I, señala que se deberá de cumplir con la máxima diligencia, el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.
El inciso II, establece que se deberá de formular y ejecutar legalmente en su caso, los planes, programas y presupuestos, correspondientes a su competencia , y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos.
Todo esto está plasmado en la Ley de Responsabilidades de Tamaulipas, misma que tiene una directa subordinación a la Constitución de nuestra entidad federativa.
Pero en los hechos, todo este bagaje de orden legal, se ve supeditado a la omnipresente voluntad del poder político en turno. Eso fue lo que ocurrió el pasado domingo, durante el evento masivo del desafuero.
Una de las consecuencias más graves de esta situación, es que, después del mitin organizado por la autoridad estatal, y en la que algunos dicen sarcásticamente que participó la mismísima COEPRIS, la Secretaria Gloria Molina ha perdido todo tipo de autoridad moral, para pedirle a la gente que cumpla con las reglas sanitarias correspondientes.
El pasado domingo, el PAN-gobierno envió un discurso no hablado, un mensaje implícito, en el que emitía su desprecio por la salud pública, y de todas y cada una de las familias de nuestro estado.
Este mensaje expresaba de manera clara y contundente, que por encima del padecimiento social, derivado de la pandemia, se encuentran los intereses políticos del sexenio azul, amenazados por el proceso de desafuero.
