Sí existe en México un político que ha podido construir una carrera gracias a los órganos electorales ciudadanizados, es precisamente Andrés Manuel López Obrador, y ahora quiere abrogarlos para erigirse dictador.
Acabar con el INE, el CIDE, el INAI, la UNAM, en lo particular, y en general con todo organismo o poder autónomo, es el punto axial de la política obradorista.
Andrés López Obrador aspira a tener plenos poderes y ningún impedimento para asirse a la presidencia de la República en un pacto con la eternidad.
Y precisamente el Instituto Nacional Electoral es el órgano que le pondría la primera tranca para alargar su mandato al estilo de los dictadores bolivarianos.
Los embates obradorista contra el Instituto Nacional Electoral no son nuevos, y todo indica que el recorte presupuestal para 2022, resultó capicúa política.
El INE aprobó el pasado 17, por seis votos a cuatro, aplazar la consulta sobre la revocación del mandato de López Obrador por falta de recursos.
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova dijo que el recorte presupuestal que hicieron los diputados afines López Obrador,fue de cuatro mil 913 millones de pesos.
El organismo sólo pudo compensar mil 503 millones de pesos con ajustes y metas de ahorro, insuficientes para la consulta el 10 de abril, agregó Córdoba.
La susodicha consulta de revocación era un camelo que buscaba dejar en el inconsciente colectivo la posibilidad de que López pudiera ser ratificado en el cargo.
Pero haiga sido como haiga sido, como dijo un clásico de la política nacional, el macuspano aprovecha la coyuntura para arreciar el golpeteo.
Construir un órgano electoral creíble fue una lucha de demócratas desde el mismo gobierno, los partidos, la academia y los medios.
Ni López ni sus mercenarios de la política se cuentan entre quienes lucharon para construir órganos constitucionales autónomos y de participación ciudadana.
Una serie de transformaciones que comenzaron en la década de 1990, dieron por resultado un Banco Central independiente, un ombudsman y un órgano electoral.
El órgano electoral vino con un tribunal electoral también autónomo que fuera la última instancia jurisdiccional para dirimir conflictos electorales.
Luego vinieron los institutos para regular la transparencia, la energía, las telecomunicaciones, para auditar el manejo de dinero público.
En los 90 el PRI y prensa pagada intentó cerrar el paso a la credencial electoral con fotografía, a las urnas transparentes y al uso de tinta indeleble.
Las instituciones democráticas fueron la Perestroika y la Glandsnot mexicana, instituciones que López mando “al diablo” en 2006 y 2012, pero aplaudió en 2018.
López Obrador, aunque trata de que su feligresía crea que él es un demócrata, en los hechos jamás lo ha sido y nunca ha aceptado los resultados adversos.
Cuando el macuspano habla de “su cambio verdadero”, que, “ya no es el gatopardismo”, de lo que habla es de la involución hacia el priismo hegemónico.
Manuel Bartlett, uno de los más cercanos colaboradores de López, fue precisamente el último presidente del Comisión Federal Electoral que perpetró un fraude electoral.
La corrupción que ha sido revelada en su familia, en sus principales colaboradores, en su Fiscal General, en su ombudsperson, es el cambio.
El INE ciudadano surgido tras la Reforma Política de 1996, es obra del entonces senador José Luis Lamadrid Sauza, y contó con la voluntad política del presidente Ernesto Zedillo.
Con ese INE terminó la hegemonía del PRI, la izquierda pudo tomar el control político de Ciudad de México y surgieron cuatro presidentes democráticamente electos.
En la discusión en Gobernación, los entonces dirigentes del PRD y del PAN, Porfirio Muñoz Ledo y Felipe Calderón Hinojosa, lucharon duro por reformas reales.
Pero los nombres de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, no estaban, ellos son usufructuarios de esa democracia…
Ellos son del Grupo de Puebla, el de los dictadores bolivarianos, que buscan un rol activo y protagónico para el Estado, y un gobierno fuerte y obeso
Destruir los organismos públicos autónomos (OPAs) para montar un estado hegemónico, con un ductor que rija tres poderes sin cortapisa, es su meta.
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