UIFGOB no tiene funciones ministeriales; Secretario del Ayuntamiento

22 febrero, 2022
UIFGOB no tiene funciones ministeriales; Secretario del Ayuntamiento
Hugo Reséndez Silva Secretario del Ayuntamiento de Victoria Foto Mendoza.

Ramón Mendoza S

Reportero

Desde la perspectiva del Secretario del Ayuntamiento de Victoria Hugo Reséndez Silva la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno del Estado (UIFGOB) no tiene funciones ministeriales aunque si tiene la capacidad de aportar elementos a las instancias financieras y fiscalizadoras en la entidad.

El funcionario municipal dijo que hasta el momento, los datos son ambiguos y solo esperan una nueva notificación oficial para conocer el contenido de una posible invitación del organismo al Presidente Municipal de Victoria que en todo caso, analizaría  aceptar o no una invitación de comparecencia.

“Hace señalamientos imprecisos porque hasta el momento no se ha notificado al Ayuntamiento o al Alcalde (Gattás) si está inmerso en un proceso legal”.

Examinó que hay un convite de la UIF para acudir el jueves 24 de febrero a rendir unos informes que solicita por lo que: “Se analizará la agenda del Alcalde para ver si puede o no acudir a la invitación que le hace la UIF”.

Los señalamientos se dan luego que se desarrollara una rueda de prensa en donde el titular la UIF, Raúl Ramírez Castañeda, expuso que el Alcalde Gattás erogó la suma de seis millones 617 mil 17 pesos con 80 centavos para adquirir una casa en el sur de la entidad y una camioneta blindada, además de que en los últimos cinco años no ha presentado declaración fiscal.

En este contexto Reséndez Silva dijo: “El procedimiento en que se dio esta rueda de prensa entendemos y creemos pueda estar violando unos derechos fundamentales”.

Ante ello hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), para que: “Les den puntual seguimiento a estas expresiones de estas unidades de inteligencia”, dijo.

Y agregó: “Para que opinen o emitan recomendaciones si se están excediendo en sus funciones o no, porque pudieran estarse violando los derechos de audiencia o el derecho al debido proceso”.