Por Javier Claudio
La venta de deudas entre despachos jurídicos remarca como modalidad, una acción de tipo legal que ofertan empresas debido a que enfrentan excedentes de cuentas de clientes las denominadas incobrables.
Los índices inflacionarios tendrían así sus primeros efectos en la economía ciudadana, haciendo surgir así despachos que compran las deudas a las empresas con excedente de cuentas incobrables.
“Y es aquí donde suceden los abusos, pues serían estos despachos los que mayormente incurren en el hostigamiento de cobranza bajo la medida que sea necesaria. El caso es cobrar y recuperar”, declaró el abogado Manuel Galván Almendárez.
El representante de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados (Femeca) en la zona noreste, indicó que a razón de los índices inflacionarios de estos dos últimos meses un número adicional de personas se han visto acelerado en la dificultad de cumplir sus pagos.
“Es un buen número de trabajadores en problemas económicos, los que han ido en aumento a razón de los efectos económico de la pandemia. El sinnúmero de casos, propició que despachos jurídicos o buffet de abogados, ahora tengan un adicional el cobro de deudas pequeñas y medianas como negocio”, dijo.
Declaró el abogado que este tipo de abusos de empresas ya están siendo considerados como una ilegalidad y en cualquier momento se procedería a la sanción o amonestación para la enmienda.
Hizo referencia al Código Penal de Tamaulipas en su Artículo 309; “Comete el delito de cobranza extrajudicial ilegal quien, con la finalidad de requerir el pago de una deuda, haga uso de la violencia, amenazas o intimidación en contra del deudor o de alguien con quien el deudor se encuentre ligado por algún vínculo familiar, afectivo o que haya fungido como referencia o aval. Al responsable del delito, se le sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”
Destacó el licenciado Galván Almendárez que, en varios expuestos, el deudor muestra documentos de cobranza donde se utilizan sellos falsos, lo que propiciaría en la autoridad que la pena y la sanción económica aumentarán una mitad.
“Y decimos que esto es intolerable al recibir el acreedor llamadas telefónicas en horas de la madrugada, le dejan boletas o documentos con apariencia de documentos oficiales o provenientes de un Juzgado lo que podría caer en la modalidad de intimidación”, asentó.
