-El petardo político polarizó la opinión pública
-La mayoría morenista podría aprobar desafuero
-Congreso local solo decidiría el interinato
EL petardo político que el gobierno de la Cuarta Transformación hizo estallar en la Cámara de Diputados a través de la Fiscalía General de la República arroja un par de lecturas: una, que la controversia político-mediática está asociada al proceso electoral que convoca a las urnas el 6 de junio y; dos, la natural y lógica polarización de la opinión pública.
También, los criterios diametralmente opuestos de quien encabeza la 4T y el representante de los Vientos del Cambio en Tamaulipas: el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR quien afirma que su gobierno no tiene doble discurso ni es hipócrita, pero que no es “tapadera” de nadie; y el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien asegura que la persecución política en su contra tiene su origen en el Palacio Nacional.
Respecto al posible vínculo de la petición de desafuero por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la hipótesis se robustece por el momento político que vive el país y la imperiosa necesidad del régimen lopezobradorista de mantener la mayoría legislativa en San Lázaro. Tamaulipas aporta 9 de los 300 diputados de mayoría relativa en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
El tema ha polarizado la opinión pública a juzgar por dos corrientes que tratan de encontrar el “hilo de la madeja”. Un sector de la sociedad considera que la petición de desafuero del mandatario estatal obedece simple y sencillamente a un show político-electoral con miras a desacreditar al panismo-la segunda fuerza electoral en el país-y, en contraparte, reforzar las candidaturas morenistas.
Del mismo modo, otra corriente de opinión da por hecho que la Cuarta Transformación procederá legalmente en contra del gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, con base en las indagatorias de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es de sobra conocido la irregular relación intergubernamental entre la Federación y el gobierno estatal tamaulipeco. Desde el inicio del gobierno de la 4T fue más que evidente la poca empatía entre el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y el Jefe del Ejecutivo Estatal en Tamaulipas.
GARCÍA CABEZA DE VACA argumenta que la persecución política que enfrenta es consecuencia de la exhibida del gobierno tamaulipeco de los documentos apócrifos que utilizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para justificar el “apagón” de diciembre pasado; ser fundador de la Alianza Federalista de gobernadores y haber alzado la voz en contra del Ejecutivo Federal; y defender una de las vocaciones en materia de generación de energía limpias.
Sin embargo, el expediente que pretende judicializar la Fiscalía General de la República consigna presuntos nexos del mandatario con el crimen organizado y, además, la incongruencia de los ingresos declarados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los ingresos por depósitos bancarios, de acuerdo a lo detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera. La UIF, con fecha 24 de noviembre de 2020, consignó el expediente a la FGR acusando al gobernador CABEZA DE VACA de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
La investigación precisa que el mandatario tamaulipeco en 2019 declaró ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ingresos por 6 millones 694 mil pesos, pero los depósitos bancarios recibidos fueron del orden de 43 millones 936 mil pesos, lo que hace una diferencia no declarada de 36 millones 938 mil pesos.
Una vez recibida la solicitud de procedencia en la Secretaría General de la Cámara de Diputados se turnará el documento a la Sección Instructora. Los legisladores cuentan hasta con 60 días hábiles que vencen el 28 de mayo, para responder positiva o negativamente la petición de desafuero del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA solicitada por la FGR.
Expertos en la materia consideran que serán los diputados federales los que tomen la decisión en virtud de que los delitos que le imputan al acusado son del orden federal. Si procede la petición, el Congreso de Tamaulipas solo recibiría la notificación correspondiente para nombrar un gobernador interino.
DESDE EL BALCÓN:
I.-La aprobación de la reforma a ley de la industria eléctrica en la Cámara Baja del Congreso de la Unión provocó opiniones encontradas entre dos damas legisladoras. IVETT BERMEA VAZQUEZ, diputada local, asegura que se esperan incrementos en las tarifas eléctricas, mientras que la diputada federal ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ considera que la reforma aprobada en San Lázaro no repercutirá en los recibos de los usuarios de la CFE.
¿Quién tendrá la razón?
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx