Toluca, Méx. – La sexta regidora del Ayuntamiento de Luvianos, Xóchitl Martínez Macedo, denunció públicamente ser víctima de violencia política en razón de género por parte del presidente municipal, Edder Jaimes Garduño. Ante esta situación, informó que ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Tribunal Electoral local.
Acompañada por la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Martínez Macedo expuso que ha sido objeto de diversas agresiones, entre ellas la negativa a recibir su dieta quincenal, así como cuestionamientos sobre su formación política y capacidad para ejercer el cargo. Además, señaló que se le ha negado el uso de la voz en sesiones de cabildo y ha sido víctima de hostigamiento, amenazas e intimidación.
“He sido vulnerada al no entregarme mi dieta quincenal. El presidente municipal me dijo que no me sería pagada a lo largo de toda la administración y que tenía la opción de renunciar, a lo que me negué rotundamente. A partir de ese momento he recibido toda clase de hostigamiento, amenazas e intimidación, incluso afuera de mi domicilio. Tengo temor de lo que me pudiera pasar; mi único objetivo es ser una representante digna para la gente de Luvianos”, declaró la regidora.
Durante la conferencia de prensa, Martínez Macedo agradeció el respaldo del PRI y exigió a las autoridades atender su caso sin revictimizarla.
Por su parte, la dirigente del PRI Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, expresó su solidaridad con la regidora y con todos los miembros del partido que enfrentan adversidades en el ejercicio de sus funciones: “A las regidoras y regidores, sepan que no están solos. Hoy que nos toca ser oposición, agradezco su apoyo y reconozco su resistencia y voluntad inquebrantable”.
La denuncia de Martínez Macedo se suma a una serie de casos en los que mujeres en la política enfrentan obstáculos y agresiones por razón de género. Ahora, el caso está en manos de las autoridades, quienes deberán determinar las acciones correspondientes para garantizar la seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
