• Durante el primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura mexiquense, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) ha centrado sus esfuerzos legislativos en la protección de menores de edad.
• La bancada que coordina el legislador Pablo Fernández de Cevallos ha presentado iniciativas en temas como mínima intervención de menores, violencia vicaria, alienación parental, primera infancia, educación, mujeres, uso de nuevas tecnologías y medio ambiente.
• Además, logró la aprobación de una reforma para que el Estado garantice el derecho de las comunidades a participar en la restauración y protección de ecosistemas.
29 de julio de 2025 .- En lo que va del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura mexiquense (que inició el 5 de septiembre de 2024), el Grupo Parlamentario del PAN ha centrado su agenda legislativa en la protección de niñas, niños y adolescentes. Por ello, logró la aprobación para incorporar en la legislación estatal los principios de mínima intervención y no revictimización de menores en los juicios en los que sean parte.
La bancada panista, coordinada por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, también obtuvo la aprobación, en comisiones, de la iniciativa que establece hasta 10 años con 8 meses de prisión y la pérdida de la patria potestad a quien cometa el delito de violencia vicaria, así como hasta 8 años de prisión a las personas servidoras públicas que contribuyan a este delito, además de su destitución e inhabilitación por un periodo de seis a 10 años para desempeñar otro cargo público.
Además, se encuentran en análisis distintas iniciativas en esta materia, como la que busca combatir el ‘matrimonio y concubinato’ de menores de edad, con sanciones de ocho a 15 años de prisión y de mil a 4 mil días multa, que podrán incrementarse si el delito se comete con violencia o contra personas menores de edad con alguna discapacidad, o que pertenezcan a una comunidad indígena o afromexicana.
Igualmente, se plantean medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes; prevenir y sancionar conductas de abuso, acoso y violencia en entornos deportivos, recreativos y educativos; instituir que la política gubernamental establezca y coordine una red estatal de centros de atención para niñas, niños y adolescentes en situación de calle, que les brinden atención médica, alimentación, deporte, recreación y faciliten su reincorporación al sistema educativo.
Se propone también que, cuando el padre se apodere de su hija o hijo (desde recién nacidos hasta los tres años de edad) sin la existencia de un juicio de guarda y custodia, el Ministerio Público tenga la facultad de reintegrar a las y los menores al cuidado de la madre, bajo el principio de estar en etapa lactante.
Otras propuestas buscan que el Estado garantice los derechos de la niñez y la adolescencia a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados, actos violentos o en la comisión de delitos; prohibir en escuelas de educación básica y media superior el uso de celulares y dispositivos electrónicos con fines distintos a los educativos; imponer de cinco a 10 años de prisión a quienes hostiguen o acosen a menores por internet y redes sociales; así como penas de ocho a 15 años por crear y difundir información falsa generada con inteligencia artificial.
También se propone que toda persona mayor de edad tenga derecho al acceso libre a redes sociales, y que los menores de edad lo hagan bajo supervisión de una persona adulta; establecer el acceso gratuito al transporte público colectivo para estudiantes de educación básica, media superior y superior que acrediten la falta de recursos para costear el servicio; y garantizar el desarrollo integral de las juventudes mediante su participación en la toma de decisiones sobre políticas públicas que atiendan sus necesidades.
Asimismo, se busca crear la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna; garantizar ayuda monetaria y atención médica a niñas y adolescentes gestantes para que puedan continuar sus estudios; imponer cinco años de cárcel al padre que no participe en los gastos del embarazo; y admitir el procedimiento sumario de pensión alimenticia en caso de enfermedad de hijas e hijos.
De igual forma se propone reconocer la legítima defensa con perspectiva de género, garantizando que ninguna mujer sea criminalizada por defender su vida o la de sus hijas o hijos; así como que el Estado garantice la instalación y mantenimiento de refugios adecuados y suficientes para mujeres víctimas de violencia y sus descendientes.
Por otro lado, destaca la aprobación a esta bancada de la reforma que garantiza el derecho de las comunidades a participar en la restauración y protección de los ecosistemas. Con esta medida, el Estado promoverá la creación de azoteas y áreas verdes para mejorar la imagen urbana, modificar los microclimas y reducir los contaminantes atmosféricos.
Entre otras iniciativas en estudio, destacan las que proponen crear la Academia de Mercado Digital Mexiquense; que las autoridades estatales y municipales promuevan la vinculación de bares y centros nocturnos al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) para inhibir conductas delictivas; así como sanciones de hasta 20 años de prisión o mil 333 días de multa a quien cometa abuso sexual utilizando drogas para anular la voluntad de la víctima.
Sumado a ello, se analiza la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos Contra los Animales Domésticos; destinar el cinco por ciento de la recaudación del servicio de agua a infraestructura hídrica para la captación de agua pluvial; y permitir la continuación voluntaria en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, tras la baja laboral de personas servidoras públicas, para conservar sus servicios de salud.
Finalmente, en materia de puntos de acuerdo, la bancada logró la aprobación de un exhorto para implementar una estrategia de recepción y reintegración de personas retornadas, con la participación de dependencias gubernamentales, municipios y autoridades federales, ante las políticas migratorias del gobierno estadounidense.
Otros puntos de acuerdo en análisis buscan generar una agenda que fortalezca la economía social y solidaria; implementar acciones que promuevan mecanismos para una sociedad más justa e incluyente; programas de capacitación para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones, con el fin de generar empleo y garantizar el acceso a estos apoyos funcionales; implementar un plan de trabajo que satisfaga las necesidades nutricionales de los recién nacidos y prematuros; convenir el financiamiento de adeudos por servicio eléctrico de las escuelas públicas; y poner en marcha, en los municipios, el Programa Municipal de Acción ante el Cambio Climático.
Este balance abarca del 5 de septiembre de 2024 (inicio de funciones de la LXII Legislatura mexiquense) al 18 de julio de 2025.
