Valle de Bravo, Estado de México, 7 de octubre de 2025. – Integrantes de la asociación “Colonos Unidos del Santuario de Valle de Bravo” denunciaron públicamente una serie de abusos, actos de intimidación y amenazas presuntamente cometidos por personal y representantes de la Promotora Valle de Bravo, propiedad del empresario Michel Domit Gemayel , a quien acusan de mantener un control arbitrario e ilegal sobre los servicios y el acceso al fraccionamiento.
En conferencia de prensa, Javier Girault, presidente de la asociación de colonos, afirmó que desde hace varios años los residentes del desarrollo han sido víctimas de hostigamiento, cortes de agua, amenazas de muerte y agresiones físicas como parte de una estrategia para forzar el pago de cuotas impuestas de manera irregular por la empresa de Domit.
Michel Domit se comporta como un señor feudal, pretende ser el dueño del fraccionamiento, controla el acceso a las viviendas, amenaza y amedrenta a quienes no están con él. Hay colonos, trabajadores y proveedores que hoy no pueden entrar a sus casas o a sus lugares de trabajo”, declaró Girault.
El líder vecinal denunció que grupos de choque presuntamente contratados por la promotora impiden la entrada al fraccionamiento con violencia y amenazas, lo que ha derivado en carpetas de investigación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Añadió que incluso existe una suspensión definitiva otorgada por un juez federal, que ordena garantizar el libre acceso a los colonos, misma que ha sido abiertamente ignorada por la empresa.
Por su parte, el abogado representante de los colonos, explicó que las acciones emprendidas por Promotora Valle de Bravo podrían constituir delitos como amenazas, agresiones físicas y violación al libre tránsito, pues “no existe norma alguna que autorice a un particular a impedir el ingreso a la propiedad privada de otra persona”.
El conflicto tiene más de dos décadas de antecedentes. Según los colonos, el fraccionamiento “El Santuario de Valle de Bravo” fue autorizado por el gobierno estatal en 1992, bajo un decreto que obliga al desarrollador a concluir las obras de urbanización, dotar de servicios básicos y entregar formalmente el conjunto al municipio. Sin embargo, acusan que Michel Domit nunca cumplió con la entrega y mantiene bajo su control los servicios de agua, luz y vigilancia, “convirtiéndolos en un negocio privado”.
Durante 25 años Domit ha engañado a los colonos, cobrando cuotas ilegales y manipulando documentos para aparentar el control legítimo del fraccionamiento. “Hoy nos cobra por servicios que por ley deben ser gratuitos mientras no se haga la entrega al municipio”, subrayó Girault.
Los afectados señalaron que el conflicto escaló recientemente con la construcción de edificaciones ilegales dentro del desarrollo, promovidas por Michel Domit hijo, bajo el nombre de un nuevo proyecto inmobiliario que, según los denunciantes, viola el reglamento interno y el plan de desarrollo urbano de Valle de Bravo, al levantar estructuras de hasta cuatro pisos en una zona destinada a residencias unifamiliares y ecológicas.
“El Santuario fue concebido como un desarrollo ecológico y unifamiliar, pero ahora lo están convirtiendo en un negocio inmobiliario. Han levantado construcciones ilegales y usan la fuerza para callar las quejas de los residentes”, añadieron los colonos.
Durante la conferencia, los representantes de Colonos Unidos hicieron un llamado urgente al Ayuntamiento de Valle de Bravo, al gobierno del Estado de México y a las fuerzas de seguridad, para que intervengan y restituyan el orden, retirando a los grupos que mantienen bloqueado el acceso al fraccionamiento.
“Hoy hay personas mayores que no pueden entrar a su casa. Hay trabajadores que llevan semanas sin poder llegar a sus labores. Pedimos que el gobierno actúe conforme a derecho, porque esto ha rebasado los límites de la decencia y la legalidad”, exigió el presidente de la asociación.
De acuerdo con los colonos, más de 40 viviendas y decenas de trabajadores resultan afectados diariamente por las acciones de bloqueo. Mientras tanto, mantienen abiertos diversos juicios de amparo y denuncias penales con la esperanza de que se haga cumplir la ley y se garantice su seguridad.
Finalmente, los residentes recordaron que, según documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México, el 7 de octubre de 2025 es la fecha límite para la entrega formal del fraccionamiento al municipio de Valle de Bravo, lo que, de concretarse, podría poner fin a más de dos décadas de conflicto legal y social.
