Toluca, Estado México, 27 de octubre . — El Estado de México amaneció este lunes sumido en un auténtico caos vial. Caravanas de pipas de agua paralizaron las principales avenidas y autopistas de la entidad en protesta por el cierre de más de un centenar de pozos que, según las autoridades, operaban de manera irregular. La medida, parte del operativo “Caudal”, impulsado por el Gobierno estatal, desató una oleada de inconformidad entre quienes durante años han vivido —y lucrado— con la distribución del agua fuera del marco legal.
Desde las primeras horas de la mañana, los llamados “piperos” bloquearon vialidades estratégicas como la avenida Adolfo López Mateos en Toluca, a la altura de Ciudad Deportiva en Zinacantepec, además de tramos de las autopistas México–Toluca, Toluca–Naucalpan, México–Pachuca, México–Puebla y Texcoco–Lechería. El resultado: embotellamientos kilométricos, suspensión de rutas de transporte público y una jornada de parálisis urbana en el Valle de Toluca y otras regiones del estado.
La Secretaría de Seguridad estatal, encabezada por Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que la operación fue ejecutada el pasado fin de semana en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y fuerzas federales, con el propósito de combatir la extracción y venta ilegal del agua.
De acuerdo con los reportes oficiales, se realizaron más de 200 intervenciones en 48 municipios, detectando tomas clandestinas, pozos irregulares y ductos manipulados para el desvío y venta del recurso.
“Estas prácticas, similares al robo de hidrocarburos, afectan el abasto a comunidades y fomentan la comercialización a sobreprecio mediante pipas”, señaló Castañeda Camarillo.
Sin embargo, la acción gubernamental evidenció una realidad más compleja. Detrás de la llamada “guerra contra el huachicol del agua”, se encuentra una red informal que durante años operó con la tolerancia de autoridades locales, abasteciendo a miles de familias que, sin acceso a la red pública, dependían de este servicio, aun cuando carecía de control sanitario y legalidad.
Los manifestantes exigieron hoy, la reapertura inmediata de los pozos clausurados, argumentando que el cierre los deja sin sustento económico y afecta a comunidades enteras que compran el agua a través de sus servicios. Algunos incluso acusaron al gobierno de actuar con criterios políticos y discrecionales, castigando a unos y protegiendo a otros.
Mientras tanto, la ciudadanía se vio atrapada entre el desabasto y el caos vial. En Toluca, Ecatepec, Texcoco y Naucalpan, los embotellamientos se extendieron por horas, afectando a trabajadores, transportistas y comercios.
Pese a la inconformidad, el gobierno estatal reiteró que no dará marcha atrás en su política de combate a la corrupción y a las prácticas que ponen en riesgo la seguridad hídrica de la entidad. Sin embargo, el operativo dejó al descubierto la fragilidad del sistema de distribución del agua y la profunda dependencia de un negocio que, durante décadas, operó bajo la sombra de la impunidad.
Hoy, mientras se intenta “ordenar” el abasto, el Estado de México enfrenta el reto de garantizar agua legal y suficiente para todos, sin que la población —ni los trabajadores del sector— paguen el costo de un modelo que por años se sostuvo entre la corrupción y la necesidad.
