● La propuesta de la diputada Leticia Mejía (PRI) busca que el gobierno federal otorgue facultades plenas a las entidades en materia de inspección, vigilancia y sanción contra la tala ilegal.
● En reunión de comisiones, congresistas de morena, PVEM y MC coincidieron en la urgencia de dotar a los estados de mayores atribuciones para combatir los delitos ambientales.
● La legisladora Paola Jiménez (morena) pidió considerar las implicaciones presupuestales y administrativas que conlleva dicha acción.
El diputado Esteban Juárez Hernández (morena) y las diputadas Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) y Maricela Beltrán Sánchez (MC) respaldaron la iniciativa presentada por la legisladora Leticia Mejía García (PRI), que propone otorgar a las entidades federativas facultades plenas en materia de inspección, vigilancia y sanción contra la tala ilegal; la diputada Paola Jiménez Hernández (morena) llamó a considerar las implicaciones presupuestales y administrativas que implicaría ampliar las atribuciones de las instituciones estatales.
En reunión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Agropecuario y Forestal, presidida por el parlamentario Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), la parlamentaria Leticia Mejía consideró urgente adoptar medidas contundentes que permitan atender este flagelo de manera frontal e independiente, como lo plantea su propuesta de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable dirigida al Congreso de la Unión.
Al llamar a las y los integrantes de ambos órganos parlamentarios a respaldar la propuesta en beneficio del medio ambiente, las comunidades rurales y el futuro sustentable de la entidad, detalló que, según datos oficiales, en 2022 se perdieron más de mil 300 hectáreas de bosque en territorio mexiquense debido a esta actividad, afectando principalmente a municipios como Amecameca, Ocuilan, Valle de Bravo, Tlalmanalco, Villa Victoria y Sultepec, entre otros.
Asimismo, citó que, según estimaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, al menos la mitad de la madera comercializada en el país proviene de fuentes ilegales.
En este sentido, recordó los convenios de Asunción de Funciones en materia de inspección y vigilancia forestal que estuvieron vigentes entre 2013 y 2017, celebrados entre la Federación y los estados. Dichos acuerdos consistieron en la transferencia de competencias de vigilancia y aplicación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable desde la Federación —a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente— hacia los gobiernos estatales.
Gracias a estos convenios, el Gobierno del Estado de México pudo emitir órdenes de inspección, imponer sanciones y ejecutar medidas de seguridad forestal, tareas que actualmente recaen exclusivamente en la Federación, lo que limita la capacidad de respuesta estatal ante el incremento de los delitos ambientales.
Durante la reunión, el diputado Esteban Juárez señaló que la tala ilegal representa una amenaza directa para los bosques y las comunidades que dependen de ellos, y subrayó que, permitir a los estados actuar sin depender de convenios federales, fortalecerá la protección ambiental y la justicia ecológica, al propiciar una actuación más oportuna y eficaz en el territorio.
Aunque coincidió en la necesidad de combatir la tala ilegal, la legisladora Paola Jiménez advirtió que para que la reforma sea efectiva deben preverse recursos humanos, materiales y financieros suficientes, ya que se corre el riesgo de “hacer robusta la ley sin fortalecer su aplicación real”.
La parlamentaria Vanessa Linares recordó que entre 2001 y 2024 el país perdió más de cinco millones de hectáreas de bosques y selvas debido a incendios y tala ilegal, por lo que la conservación forestal requiere instituciones fuertes y coordinación intergubernamental. Además, consideró que la iniciativa fortalece la descentralización operativa sin perder la rectoría federal.
En el mismo sentido se pronunció la diputada Maricela Beltrán, quien sostuvo que la iniciativa contribuye a cerrar brechas institucionales entre la Federación, los estados y los municipios, pues define mecanismos claros de coordinación bajo liderazgo estatal, impulsa la creación de inventarios forestales actualizados y refuerza la trazabilidad de la madera como medida para combatir la ilegalidad en la cadena productiva forestal.
Cabe mencionar que la iniciativa plantea que la Federación sea responsable de emitir normas rectoras y vigilar el cumplimiento de las visitas de inspección y labores de vigilancia forestal; que las entidades sean dotadas de competencia expresa para realizar esas labores, así como para ejecutar acciones de prevención y combate a la extracción y tala ilegal de recursos forestales, sin estar sujetas a la suscripción de acuerdos o convenios.
