Washington, D.C. – La Administración del presidente Donald Trump ha elevado la lucha contra el crimen organizado en México a un nuevo nivel, al acusar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios estatales de colusión con el Cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. Esta denuncia, realizada por el Departamento de Justicia estadounidense y la DEA, representa un reto significativo para el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que deberá afrontar las implicaciones de estas graves acusaciones.
La investigación detalla una supuesta colaboración estrecha entre el gobernador y su círculo cercano con la facción conocida como «Los Chapitos», encabezada por los hijos de El Chapo. Según el expediente, esta relación permitió al cartel operar libremente en Sinaloa y facilitar el tráfico de grandes cantidades de drogas, incluyendo heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, todo a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación no solo implica a Rocha, miembro del partido oficialista Morena, sino también a un senador de la misma formación política y a varios funcionarios, lo que añade una capa más a la compleja red de la narcopolítica en el país. Aunque el gobernador no se enfrenta a acusaciones directas de haber recibido sobornos, el documento señala que su ascenso a la gubernatura fue respaldado por el cartel, indicando un compromiso de protección a sus operaciones criminales a cambio de mantener el apoyo del narcotráfico.
Esta revelación representa el mayor golpe que Estados Unidos ha propinado a políticos mexicanos desde el caso del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, quien fue arrestado por presuntos vínculos con el narco, aunque posteriormente fue liberado tras la intervención del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La actual situación crea una presión considerable sobre la administración de Sheinbaum, ya que deben explicar cómo estas actividades delictivas pasaron desapercibidas.
La Cancillería mexicana ha informado que Washington ha solicitado la captura y extradición de los acusados, aunque ha admitido que hasta el momento no han proporcionado pruebas suficientes para proceder legalmente. Este contexto ha generado tensiones diplomáticas, especialmente tras el descubrimiento reciente de que agentes de la CIA estaban operando en México en funciones de seguridad, un hecho que está en contra de la legislación mexicana.
La acusación de colusión con el narcotráfico no solo pone en jaque a Rocha y a otros funcionarios, sino que también plantea cuestiones más amplias sobre la corrupción y la complicidad del sistema político en México. Las repercusiones de este caso podrían tener un efecto dominó en las relaciones entre México y Estados Unidos, así como en la percepción pública sobre la integridad de los líderes políticos en el país.
