Toluca, Estado de México, 8 de mayo de 2026.- Morena enfrenta una de las crisis más delicadas desde que llegó al poder. Las acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado ya trascendieron el debate nacional y hoy tienen en el centro al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y por el supuesto uso de estructuras de gobierno para operar políticamente durante el proceso electoral de 2021.
De acuerdo con los señalamientos que han circulado en medios y espacios internacionales, durante ese proceso electoral habría operado una estructura de presión, financiamiento ilícito e intimidación para favorecer políticamente a Morena en distintas regiones del estado.
Junto a Rocha Moya también aparecen nombres como Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil y perfiles relacionados con áreas de procuración de justicia y finanzas del gobierno estatal, lo que vuelve todavía más grave el escenario en una entidad marcada por la violencia y la inseguridad.
Durante esta administración, Sinaloa acumula más de 2 mil 600 homicidios, alrededor de 3 mil 600 personas desaparecidas y más de 3 mil familias desplazadas; a esto se suma una crisis económica que dejó cerca de 30 mil empleos perdidos y afectaciones estimadas en más de 70 mil millones de pesos.
Desde 2021, el PRI ha denunciado ante la FGR la posible intervención del crimen organizado en procesos electorales y la protección política desde el poder; sin embargo, las denuncias siguen sin avances claros ni resultados públicos.
Hoy las acusaciones ya no solamente alcanzan a funcionarios o gobiernos locales; también exhiben cómo en estados como Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas la violencia, el miedo y la presencia del crimen organizado terminaron marcando la vida cotidiana de miles de familias, mientras Morena sigue minimizando una crisis que hace mucho dejó de ser solamente un tema de seguridad.
