CDMX.- La senadora Geovanna Bañuelos ha presentado una iniciativa que busca modificar el Código Penal Federal con el objetivo de castigar con penas de hasta 12 años de prisión a quienes provoquen accidentes viales de manera intencionada con fines de extorsión, conocidos popularmente como ‘montachoques’. Esta propuesta busca fortalecer la protección del patrimonio y la seguridad de los usuarios de las vías de comunicación en el país.
La iniciativa propone la creación de un nuevo Capítulo VII en el Código Penal que reconozca la provocación intencional de accidentes de tráfico como un tipo penal autónomo. Bañuelos argumenta que este cambio dotará a las autoridades de herramientas legales adecuadas para combatir la creciente ola de este delito.
Según la propuesta, se establecerían penas de cinco a doce años de cárcel y multas de entre quinientos a mil quinientos días por provocar o simular un accidente con el objetivo de obtener beneficios económicos a través de intimidaciones o engaños. Las penas se agravarían si dos o más vehículos están involucrados, si se utilizan armas, si se priva a la víctima de libertad, o si las acciones son realizadas por organizaciones criminales.
La legisladora detalló que los ‘montachoques’ operan principalmente en zonas de alta movilidad, donde la confusión generada por accidentes puede llevar a las víctimas a hacer pagos inmediatos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), ha habido un notable incremento de incidentes relacionados con esta modalidad delictiva en la Ciudad de México, lo que ha llevado a asegurar que estas bandas suelen desplegar tácticas organizadas para dificultar su captura.
Bañuelos destacó que, aunque la mayoría de los accidentes son fortuitos, la alta frecuencia de incidentes brinda oportunidades propicias para que estos delitos queden camuflados entre situaciones ordinarias de tránsito. La ausencia de un tipo penal específico ha propiciado un ambiente de impunidad, dificultando la investigación y la identificación de patrones de operación delictiva.
Con base en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se reportaron más de 381 mil accidentes de tránsito en 2023 en zonas urbanas y suburbanas, lo que subraya la relevancia de abordar este fenómeno delictivo y su impacto en la seguridad pública.
La iniciativa ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para su análisis y discusión. La propuesta de Bañuelos pretende así cerrar un vacío legal y fortalecer las capacidades del Estado en la lucha contra las nuevas formas de extorsión que amenazan la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
