Columna Política

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Jalisco debía representar una victoria contundente del Estado mexicano. Sin embargo, lo que siguió dejó una imagen distinta: calles vacías, comercios cerrados, universidades suspendiendo actividades y ciudadanos resguardados en sus casas. Desde la pandemia de COVID-19 no se veían escenas similares en varias regiones del país.

Tras el operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se registraron cientos de bloqueos 252 en distintos puntos y al menos 65 en Jalisco , además de incendios de vehículos y cierres carreteros. La reacción fue inmediata y coordinada. Un solo hecho bastó para alterar la normalidad nacional.

Esto obliga a una reflexión incómoda: si la muerte de un capo provoca semejante nivel de desestabilización, ¿qué tan sólida es la capacidad del Estado para garantizar la seguridad? Un operativo exitoso no se traduce automáticamente en control territorial. Por el contrario, evidenció que la estructura criminal mantiene fuerza operativa suficiente para paralizar regiones enteras.

El mensaje implícito fue claro: ante la violencia, la recomendación es resguardarse. Pero cuando el ciudadano debe encerrarse para estar seguro, la autoridad no está garantizando plenamente el orden público. La percepción de vulnerabilidad crece y la incertidumbre también.

Tampoco existe certeza de que la muerte del líder minimice al grupo criminal. La historia reciente demuestra que estos movimientos suelen generar reacomodos, disputas internas o demostraciones de fuerza. El problema no termina con la caída de un nombre; persiste en la estructura que permanece.

México vivió un día que recordó que la inseguridad sigue latente. Más allá del golpe estratégico, quedó expuesta una realidad preocupante: el Estado puede actuar, pero aún no logra impedir que la reacción del crimen organizado altere la vida cotidiana de millones. Y eso, en cualquier democracia, es una señal de alarma.

Queda además una pregunta pendiente que el gobierno deberá responder con claridad: ¿qué se hará con el cuerpo del líder abatido? ¿Cuál será el manejo institucional y legal de sus restos para evitar que se conviertan en símbolo, punto de reunión o detonante de nuevas tensiones? Porque en México, incluso después de la muerte de un capo, la estabilidad nunca puede darse por sentada.

Si me lo cuentas con santo y seña lo publicamos.

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