La dignificación del quehacer legislativo es tarea que sólo compete a los 36 diputados del Congreso estatal. Como también es atribución suya reformar, derogar y/o crear preceptos constitucionales, como ocurre en la Cámara de Diputados (por disposición de nuestra Carta Magna) y en los congresos del resto del país que acatan puntualmente el marco legal.
Sin embargo, aquí, en Tamaulipas, ante el capricho del ex gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, desde el 22 de junio de 2021, los 43 ayuntamientos tienen injerencia en esos temas –dictaminadas antes por al menos las dos terceras partes del pleno–, para que surtan efecto, pero a condición del voto edilicio en favor o en contra, según sea el caso.
Esta degradación al Congreso estatal, fue ejecutada por la mayoría de los integrantes de la LXIV Legislatura (2018-2021), dominada por el Partido Acción Nacional (PAN) con 22 diputados. Pero también la avalaron algunos de sus pares del membrete tricolor, Movimiento Ciudadano (MC) y hasta de Movimiento Regeneración Nacional (morena).
Ellos fueron los que añadieron un segundo párrafo al artículo 165 de la Constitución Política de Tamaulipas, a propuesta de Félix Fernando García Aguiar alias ‘El Moyo’, para establecer la injerencia de los ayuntamientos al respecto, a tres semanas de que el PAN perdió en la elección 15 diputados de mayoría relativa, aunque una vez luego de rendir protesta se le sumaron dos legisladoras que compitieron por morena. Pero conservó la mayoría de los ayuntamientos, convirtiéndose (estos) en un obstáculo para reformar lo modificado.
A partir de la publicación de la reforma en el Periódico Oficial (junio 24 de 2021), el precepto constitucional establece:
“Esta Constitución podrá ser reformada y adicionada, pero para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que previamente sea tomada en cuenta la iniciativa de reformas o adición por la declaratoria de la mayoría de los diputados presentes y que sea aprobada cuando menos por las dos terceras partes de los miembros del Congreso.
“Una vez aprobada la iniciativa de reforma o adición se enviará ésta a los ayuntamientos, con copia de las actas de los debates, los cuales en el término de 30 días naturales deberán notificar si la aprueban o no. Una vez transcurrido este término el Congreso realizará el cómputo correspondiente y, de obtenerse una mayoría de votos de los ayuntamientos en favor de la adición o reforma, ésta se declarará parte de la Constitución. Se considerará que aprueban la reforma y adición aquellos ayuntamientos que no envíen su votación en el término establecido”.
La LXV Legislatura quedó instalada el 1 de octubre de 2021, pero este asunto no se abordó de inmediato pese a ocupar la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Armando Javier Zertuche Zuani, quien el 9 de marzo de 2022 fue destituido, tras una jugarreta encabezada por el tal ‘Moyo’, que secundaron inclusive diputadas ‘morenistas’.
De ahí hasta el 13 de enero del 2023, el artículo 165 no fue tema. Pero una vez recuperada la Jucopo Úrsula Patricia Salazar Mojica, convertida ya en presidenta, instruiría a su homólogo Eliphaleth Gómez Lozano para que elaborara una iniciativa de reforma para reformar el precepto reformado.
El pasado 3 de mayo, Úrsula declaró que las comisiones dictaminaron viable llevar la reforma al pleno. Y se presentó por vez primera la iniciativa, el 28 de junio, pero no pasó porque el redactor del documento propuso que sólo fueran (suficientes) las dos terceras partes de los diputados presentes, en la sesión plenaria, para aprobar las reformas constitucionales.
El lunes 25 del mes que agoniza, la Comisión Permanente alcanzó un punto de acuerdo para llevar al pleno la iniciativa de reforma al artículo 165 sin variación alguna en su primer párrafo, pero proponiendo eliminar el que lo complementa para quitarle atribuciones legislativas a los ayuntamientos.
Y es seguro que, tras instalar el primer período de sesiones ordinarias del tercer año de la LXV Legislatura el tema sea discutido y votado para su aprobación o rechazo.
Las preguntas son:
1) ¿Logrará Úrsula convencer a otros diputados, opositores a morena, para alcanzar las dos terceras partes que se requieren para la reforma?
2) De ser procedente la reforma para el Poder Legislativo, ¿se tomará en cuenta la opinión de los ayuntamientos para cumplir el mandato legal?
Sé, de buena fuente, que de palabra Salazar Mojica tiene de su lado a tres diputados más de oposición, con lo que lograría la mayoría absoluta.
Ojalá se sumen más, pues sólo quitando ese oprobioso ‘candado’ que da injerencia a los ayuntamientos podría dignificarse el quehacer legislativo en Tamaulipas.
Avances
El domingo próximo, el gobernador Américo Villarreal Anaya ofrecerá breve recuento de los avances de su administración durante el primer año.
Hay que estar atentos.
Por cierto, en la agenda del Congreso ya está una iniciativa de reforma para que el mandatario estatal rinda su informe anual de labores al finalizar septiembre, como antes se hacía.
Es lo correcto.
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